Carlos Hernán Rodríguez, el Contralor General de la República, expresó su preocupación por la gravedad de la situación actual en el servicio de energía, en referencia a lo expresado por diversas empresas prestadoras del servicio, las cuales han tenido dificultades para recibir los subsidios y opción tarifaria del Estado, así como el pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable de servicios.
El líder del órgano de control pidió que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades pertinentes, como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, tomen medidas inmediatas debido a la crisis financiera de los prestadores, lo que podría afectar negativamente a los usuarios y el crecimiento económico del país, especialmente en toda la Costa Caribe.
“La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy Air-e, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia”, expresó el Contralor.
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SERVICIO DE ENERGIA EN EL CARIBE
Carlos Hernán Rodríguez advirtió que una intervención adicional en otra empresa podría generar un gasto anual de $4 billones para el gobierno nacional, lo que representa el déficit de operación de Air-e y Afinia. Esto se debe a la necesidad de solucionar no solo sus operaciones, sino también las inversiones y asegurar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad requeridos.
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De acuerdo con los anuncios que hemos observado en los últimos días, la nación carece de los recursos necesarios, como lo demuestra el retraso en el pago de los subsidios y el incumplimiento de su promesa de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica mediante la opción tarifaria. Por lo tanto, se requieren medidas para garantizar la prestación del servicio eléctrico.