Tras una inspección en el Centro de Detención Transitorio del Norte, tanto la Defensoría del Pueblo seccional Magdalena como representantes de la Procuraduría General de la Nación, demostraron la infracción a los derechos de más de 300 reclusos, que actualmente están agobiados en la construcción con capacidad para 100 personas.
De acuerdo con los órganos constitucionales, en el encuentro también pudieron constatar que, este espacio diseñado para la detención preventiva de personas, posee fallas estructurales, panorama que está poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los internos.
Es así como, observando la situación de riesgo de estas personas en condición de libertad condicionada y en aras de encontrar un lugar idóneo, donde prevalezca la dignidad humana, la Defensoría del Pueblo, exigió a la alcaldía de Santa Marta la adopción de medidas y el traslado de esta población a un sitio seguro donde se le garantice óptimas condiciones humanas.
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