La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre las persistentes fallas estructurales en la respuesta del Estado frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al señalar que problemas como la baja detección temprana, la normalización social de estas conductas y la falta de articulación institucional siguen limitando una atención efectiva a las víctimas.
El pronunciamiento se dio durante el Encuentro contra la Explotación Sexual, realizado en articulación con la INL de la Embajada de Estados Unidos, la Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional de Colombia y la Fundación Renacer.
Durante el evento, la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó que este delito constituye una grave vulneración de derechos humanos, estrechamente ligada a la violencia de género y a prácticas discriminatorias que afectan la dignidad de las víctimas.
Las cifras expuestas evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con el observatorio de la organización Valientes Colombia, entre 2023 y 2025 se han denunciado más de 6.000 casos, con un pico de 2.251 reportes en 2024. Estos datos coinciden con los registros del DANE, que revelan que la Fiscalía General de la Nación recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025.
En el marco de su función preventiva, el Ministerio Público adelantó un diagnóstico nacional en los 32 departamentos durante 2025, identificando territorios críticos, debilidades en la coordinación entre entidades y brechas significativas en la atención a las víctimas. Como resultado, emitió directrices y recomendaciones técnicas dirigidas a las procuradurías judiciales de familia, con el fin de fortalecer la protección y el seguimiento de los casos.
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