La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, le entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta (Magdalena).
Dicho predio, avaluado en más de 17 mil millones de pesos, haría parte del patrimonio de los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, que fueron condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las extintas AUC, entre ellos Vicente Castaño Gil.
El inmueble estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero, y su origen tendría relación con las actividades ilícitas que les fueron atribuidas.
Según las evidencias recolectadas por la Fiscalía, “las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma”.
La finca pasa a contribuir los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.
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