Santa Marta ya no tendrá las dos plantas desalinizadoras que había proyectado el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de agua potable que afecta históricamente a la ciudad.
La fuerte oposición de la comunidad de Taganga obligó a descartar una de las obras más ambiciosas contempladas dentro del plan impulsado por el presidente Gustavo Petro para garantizar el suministro del recurso hídrico en esa zona turística.
La decisión fue confirmada por la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, quien anunció que únicamente se construirá la planta desalinizadora proyectada para el sector de Pescaíto, desde donde también se abastecería entonces al corregimiento de Taganga.
El anuncio pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del proyecto y redefine la estrategia que busca resolver uno de los problemas más sensibles para Santa Marta: la falta de agua potable suficiente para atender la demanda de una ciudad que sigue creciendo y que cada temporada turística enfrenta una presión mayor sobre su sistema de acueducto.
La desalinizadora de Taganga contaba con recursos, estudios preliminares y respaldo del Gobierno Nacional. Sin embargo, nunca logró obtener el apoyo de la comunidad.
Habitantes del corregimiento expresaron preocupaciones relacionadas con los posibles impactos ambientales que podría generar la infraestructura sobre el mar, la actividad pesquera y el ecosistema marino que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona.
La discusión se prolongó durante varios meses y terminó inclinando la balanza. El presidente Gustavo Petro había planteado que la ejecución de la obra dependería del respaldo ciudadano. Ese consenso nunca se alcanzó.
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno optó por cancelar definitivamente la construcción de la planta en Taganga y concentrar toda la inversión en una única infraestructura ubicada en el norte de Santa Marta.
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