Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una solicitud de vigilancia preventiva especial e intervención inmediata sobre el proyecto de construcción de la planta desalinizadora para Santa Marta, con el propósito de que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales antes del inicio del proceso licitatorio.
La petición fue presentada por el ciudadano Jeremías Carrillo Reina, quien manifestó su preocupación por posibles riesgos relacionados con la planeación y ejecución de una iniciativa que contempla una inversión cercana a los $786.000 millones, recursos provenientes del Gobierno Nacional.
La petición también fue presentada por el ‘Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción’, a través de su coordinador, Germán Calderón España, quien pidió al Ministerio Público hacer seguimiento al proceso con el propósito de garantizar la transparencia y la adecuada protección de los recursos públicos.
La solicitud obedece a presuntos riesgos relacionados con la “planeación del proyecto, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia de los oferentes y la transparencia de la contratación”.
Además, el equipo de empalme pidió a los organismos poder verificar los cambios realizados al proyecto, que inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras, así como revisar la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del gobierno saliente de Gustavo Petro.
En el documento, Jeremías Carrillo Reina recuerda que el proyecto fue declarado estratégico para la Nación mediante el CONPES 4159 de 2025, que inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras. Sin embargo, señala que posteriormente se informó que la ejecución se concentraría en una sola planta, ubicada en el sector de Pescaíto.
El gobierno de Abelardo también le puso la lupa
La petición también fue presentada por el ‘Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción’, a través de su coordinador, Germán Calderón España, quien pidió al Ministerio Público hacer seguimiento al proceso con el propósito de garantizar la transparencia y la adecuada protección de los recursos públicos.
La solicitud obedece a presuntos riesgos relacionados con la “planeación del proyecto, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia de los oferentes y la transparencia de la contratación”.
Además, el equipo de empalme pidió a los organismos poder verificar los cambios realizados al proyecto, que inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras, así como revisar la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del gobierno saliente de Gustavo Petro.
Un proyecto declarado estratégico por el Gobierno
En el documento, Jeremías Carrillo Reina recuerda que el proyecto fue declarado estratégico para la Nación mediante el CONPES 4159 de 2025, que inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras. Sin embargo, señala que posteriormente se informó que la ejecución se concentraría en una sola planta, ubicada en el sector de Pescaíto.
Carrillo solicita a la Procuraduría verificar, entre otros aspectos, la situación jurídica del predio donde se desarrollaría la obra, al considerar que existen “inquietudes sobre su titularidad, disponibilidad y habilitación para ejecutar el proyecto”.
“La preocupación aumenta porque estamos hablando de un proyecto financiado con recursos públicos de gran magnitud. El documento CONPES aprobado en 2025 destinó cerca de 786 mil millones de pesos para esta iniciativa, recursos que serían ejecutados a través de Essmar. Sin embargo, el lote donde se pretende construir la desalinizadora, en el barrio Pescaíto, no tendría completamente resuelta su situación jurídica, pese a que desde el Ministerio se ha dicho que ese tema ya fue superado y que el predio fue entregado por la Alcaldía de Santa Marta”, agregó Jeremías Carrillo.
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