la Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá halló culpable al exmandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación y deberá pagar 117 meses de prisión, es decir, nueve años de cárcel, además, de una multa superior a los $4.400 millones.
De acuerdo con Noticias Caracol, Caicedo tendra una inhabilidad en el ejercicio de sus funciones por el mismo tiempo de su condena, y no se hace acreedor a algun tipo de mecanismo sustitutivo como lo es la casa por cárcel de la medida.
Después de un proceso que se prolongó durante doce años, la condena representa el cierre de una de las investigaciones más extensas en torno a un dirigente local. El monto exacto de la pena aún no ha sido revelado, pues la jueza definirá la sanción en una audiencia aparte.
La diligencia judicial sobre el contrato PS04 de 2014 expuso una acusación puntual contra Carlos Eduardo Caicedo Omar por una decisión adoptada cuando era alcalde de Santa Marta y presidente de la junta directiva de la ESE Alejandro Próspero Reverend: haber autorizado la intervención de cuatro centros de salud sin que existieran los estudios previos exigidos por el manual de contratación, una omisión que, según el fragmento leído, derivó en demoliciones, interrupción de la atención médica y un detrimento patrimonial de $5.040.692.100.
El pasaje precisó que el contrato fue suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la empresa social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Me-MediRedes SAS para el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco y La Paz. El valor fijado fue de $6.532.759.830 y el plazo de ejecución, de 10 meses.
La lectura de la diligencia ubicó el origen de la irregularidad en una sesión de junta directiva del 5 de junio de 2014. Allí, de acuerdo con el texto, Caicedo expidió el acuerdo 00004, con el que autorizó al gerente de la ESE a adelantar los negocios jurídicos para intervenir esa infraestructura.
La acusación no se centró en una diferencia de criterio administrativo, sino en una falla de legalidad en la etapa previa al contrato. El fragmento sostuvo que la autorización se expidió “sin haber mediado los estudios previos exigidos por el manual de contratación de la entidad”.
La diligencia ubicó la presunta irregularidad en la fase precontractual
El señalamiento leyó de forma expresa que hubo “irregularidades presentadas en la etapa precontractual del contrato PS04 del 20 de agosto de 2014”. Ese contrato, firmado en Santa Marta, tenía como objeto el mantenimiento y la adecuación de cuatro puestos de salud del municipio.
Según la lectura, la ausencia de los estudios previos no fue un detalle accesorio del trámite. El texto afirmó que esos documentos eran un “requisito esencial para la tramitación, celebración y liquidación de los convenios públicos”.
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