La Fiscalía General de la Nación expidió hace días una directriz que adopta la estrategia transitoria de investigación para enfrentar la criminalidad en los comicios legislativos y presidenciales de este año, articulando a fiscales especializados, unidades de policía judicial y sistemas de análisis criminal para cazar a quienes atenten contra la participación ciudadana, priorizando la vigilancia sobre la financiación de campañas y la desarticulación de redes dedicadas a promover la corrupción al sufragante y el fraude electoral en todo el territorio nacional.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la ejecución de este bloque operativo mediante la firma de la Resolución 0-0047, y señaló que los actuales procesos electorales exigen un «alistamiento institucional diferenciado, con capacidad de reacción oportuna, presencia territorial efectiva, canales especializados para la recepción y trámite de denuncias» frente a los riesgos que puedan afectar la transparencia democrática.
Para lograrlo, la entidad explicó que construirá un mapa de riesgo que medirá las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los territorios y la incidencia de grupos armados criminales, con el fin de priorizar la atención en las zonas con altas probabilidades de violencia o manipulación de votos.
En el centro de esta ofensiva contra la plata sucia en la política, la institución de justicia detalló que creará el Observatorio de Financiación Electoral liderado por la Sección de Análisis Criminal , el cual vigilará con lupa «la información sobre violación de topes de financiación, gastos de campaña y fuentes de financiación» ilegales.
Sobre este punto, el ente investigador concluyó que sus peritos realizarán un monitoreo constante de medios de comunicación abiertos y redes sociales desde el inicio de las campañas hasta el cierre de las urnas, con el propósito de identificar el verdadero gasto de los políticos y su correspondencia con los límites legales, castigando duramente a quienes permitan el ingreso de aportes prohibidos a sus candidaturas.
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