Miles de pacientes de alto costo salieron a las calles en Bogotá a protestar por el desabastecimiento de medicamentos esenciales para personas con enfermedades crónicas. Su propósito es exigir al Ministerio de Salud soluciones inmediatas a las dificultades que enfrentan en la obtención de medicamentos.
Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la falta de medicamentos es producto de una clara negligencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que no se han dado a la tarea de importar los fármacos para los pacientes, a pesar de que fueron declarados vitales no disponibles.
“Desafortunadamente, algunos de los productos principales, especialmente uno, no se está produciendo. Por esa razón, varios de ellos ya están declarados como vitales no disponibles y las EPS los pueden importar sin ninguna restricción. Ahora nos toca llamar a las EPS para que importen esos medicamentos para atender adecuadamente a los pacientes”, dijo Jaramillo.
A la par, el jefe de cartera aseguró que las entidades no fueron precavidas al momento de plantear acciones que facilitaran la debida atención de los pacientes en cuanto a la entrega de las medicinas, por lo que afirmó que solicitará a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) su intervención para determinar el origen de estas malas prácticas.
“Estamos haciendo un llamado a la Supersalud para que intervenga en este caso. Es una emergencia qué hay que atender adecuadamente y que le corresponde a las EPS porque reciben los recursos”, indicó el ministro de salud.
En ese sentido, dijo que los tratamientos que implican este tipo de medicamentos están incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), además se incluyen en el programa de atención básico, por lo que es fundamental que a los pacientes no les falten sus medicamentos.
El nuevo proyecto de ley revela cuál será el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en caso tal de que sea aprobado. El documento puntualiza que se transformarán en gestoras de salud y vida. Estas nuevas entidades obtendrían una remuneración del 5 % del valor de pago por capitación anual, producto del valor estipulado por cada afiliado.
No obstante, el documento es claro en especificar que ante el incumplimiento de los estándares establecidos, las gestoras perderán hasta el 30% de su remuneración. Si se llegan identificar fallos constantes en dos períodos consecutivos, la situación será notificada a la Superintendencia de Salud, que estará encargada de aplicar medidas de supervisión especial.