El conflicto entre la Diócesis de Santa Marta y el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub sumó esta semana una escena inédita incluso para quienes han seguido el caso durante meses: una misa celebrada en medio de una diligencia judicial.
funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI, policías y un juez ingresaron al cementerio San Miguel para realizar una inspección técnica ordenada dentro del proceso penal que busca definir quién tiene el control legal del camposanto. Mientras los peritos revisaban documentos y tomaban registros, un féretro fue instalado frente al altar. Minutos después, el sacerdote inició la ceremonia religiosa. Nada se detuvo. Ni la inspección judicial ni la misa.
La diligencia hacía parte de las actuaciones ordenadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal dentro del proceso que enfrenta el religioso, imputado por la Fiscalía por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documento privado, relacionados con la presunta apropiación irregular de la administración del cementerio.
Según la Diócesis de Santa Marta, el sacerdote fue relevado de su cargo parroquial y trasladado a otra capilla, pero se negó a entregar el control del camposanto y habría creado una estructura administrativa paralela para continuar manejándolo.
“El proceso busca restablecer el derecho sobre un bien que pertenece a la diócesis”, explicó durante la diligencia el abogado Diego Fernando Duque Zuluaga, representante legal de la Iglesia.
El jurista señaló que la inspección tuvo como objetivo verificar la situación jurídica y física del lugar mediante un peritaje técnico que servirá como base para una decisión judicial próxima.
“El juez deberá determinar si se cancela el registro que consideramos fraudulento y si se ordena la entrega provisional del cementerio a su propietario titular”, afirmó.
De acuerdo con la defensa de la Iglesia, la decisión podría materializarse voluntariamente o, de ser necesario, con acompañamiento de la Policía Nacional.
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