A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría informó que por segunda vez solicitó a la Alcaldía de Santa Martainformación clara, puntual y con soportes verificables sobre los hallazgos detectados en la estructuración y ejecución contractual del servicio de alumbrado público, pues la respuesta entregada el pasado 4 de junio, no despejó de fondo, las inquietudes sobre el uso de los recursos del sector energía.
El ente de control advirtió que “existen hallazgos que requieren explicaciones jurídicas, técnicas y documentales precisas. Entre ellos están, el posible incumplimiento de restricciones electorales y modificaciones al objeto contractual original de la Concesión 002/2000″.
Asimismo, señala que “generó preocupación a la Entidad la destinación de los recursos del impuesto de alumbrado público, la delimitación de responsabilidades entre operadores, administradores y prestadores, así como el avance real de las facultades otorgadas por el Concejo Distrital de Santa Marta para reorganizar la prestación del servicio”.
La Procuraduría insistió en que no son suficientes las respuestas generales, pues los samarios necesitan saber cómo se han contratado, orientado y ejecutado los recursos que financian el servicio de alumbrado público.
Por último, el órgano de control anunció seguimiento riguroso y dejó claro que, de no existir aclaraciones completas, el caso podría escalar a una evaluación más profunda; y señaló que, en este caso, la transparencia es fundamental, por cuanto se trata de recursos públicos destinados a un servicio que impacta directamente la seguridad, continuidad y calidad de vida de la ciudadanía.