La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad contra siete exintegrantes del Ejército Nacional, por presuntas inconsistencias en sus versiones sobre la desaparición forzada y asesinato de tres mamos arhuacos, ocurridos en 1990 en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los exmilitares, todos en retiro, están vinculados al Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes, dentro del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos indígenas.
Los comparecientes son el general (r) Juan Salcedo Lora; los coroneles (r) Luis Fernando Duque Izquierdo y Rafael Mejía Roa; el mayor (r) Hernán Carrera Sanabria; el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo; el sargento viceprimero (r) Cosme García Camacho y el sargento primero (r) Daniel Rivera Rincón.
La decisión fue tomada por la magistrada Caterina Heyck Puyana tras analizar las diligencias voluntarias, los documentos del expediente y los señalamientos de las autoridades arhuacas y de las víctimas. Según la JEP, se encontraron indicios de un posible pacto de silencio y contradicciones en los testimonios, lo que podría constituir una falta al deber de aportar verdad plena, uno de los pilares del Sistema Integral de Paz.
Aunque ninguno de los comparecientes había solicitado su sometimiento a la JEP ni se beneficiaba de la justicia transicional, fueron escuchados debido a la gravedad del caso.
La desaparición de los mamos y la tortura de otros dos indígenas han sido investigadas por varias entidades, entre ellas la Procuraduría General, que destituyó a dos de los implicados; el Comité de Derechos Humanos de la ONU; la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
La JEP recordó que, aunque los comparecientes tienen derecho a no autoincriminarse, están constitucionalmente obligados a no mentir. Si se comprueba que manipularon dolosamente los hechos, podrían ser excluidos del Sistema de Paz.
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