La Procuraduría General de Colombia abrió este jueves una indagación contra varios funcionarios de la petrolera Ecopetrol por la firma de un millonario contrato con una consultoría estadounidense para analizar riesgos en la reputación de esa empresa estatal pero que, al parecer, fue usado para interceptar comunicaciones internas.
La indagación previa “contra funcionarios por determinar” tiene que ver con un contrato firmado por Ecopetrol con Covington & Burling LLP, originalmente con el objetivo de evaluar el impacto que pueden tener en la imagen internacional de la empresa los procesos legales que enfrenta su presidente, Ricardo Roa, quien en 2022 fue gerente de la campaña electoral del hoy mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Sin embargo, el contrato “fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad”, señaló la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado.
“La indagación fue iniciada a partir de información conocida públicamente en la que se registró que 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física, el cual estaría asociado al contrato celebrado en agosto de 2024”, señala la información.
La existencia de dicho contrato, que fue revelada por el diario El Tiempo, tiene en la cuerda floja a Roa, hombre de confianza de Petro, cuya gestión al frente de Ecopetrol ha sido cuestionada tras divulgarse presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, de la cual fue gerente, y por la supuesta injerencia de su pareja en contrataciones estatales.
Al respecto, la Junta Directiva de Ecopetrol manifestó hoy en un comunicado que la empresa “contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses”, ya que desde 2008 la compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York.
“En este proceso no participó el presidente de la compañía. El contrato referido le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes”, señaló la Junta Directiva.
El contrato ha llamado también la atención de la Contraloría General (tribunal de cuentas), que hoy le pidió a Roa que en un plazo de cinco días le remita información sobre inversiones y contratos de Ecopetrol.
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