La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la zona rural de la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, del municipio de Aracataca, como consecuencia de los enfrentamientos armados que, a la fecha, han cesado.
Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas civiles, la población continúa expuesta a múltiples riesgos derivados de la presencia de actores armados, la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas y la zozobra generada por los hechos ocurridos recientemente. Estas circunstancias han forzado el desplazamiento de varias familias hacia el casco urbano del municipio, donde aún no han recibido la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho.
En el marco del Comité de Justicia Transicional se informó que, si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos. Las personas que permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a su movilidad debido a la presunta presencia de los grupos armados y a la realización de prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos celulares, mercados y la restricción de medios de transporte, incluidas las motocicletas.
En razón de los hechos ocurridos recientemente en el territorio, se evidencia la consumación del riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, emitida para señalar la existencia de un riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. El escenario de riesgo se configuró por la intensa escalada y disputa por el control de territorios estratégicos entre los autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo, (autodenominado EGC), dinámica que ha generado graves afectaciones a la población civil y ha profundizado la situación de vulnerabilidad en la región.
En este contexto, resulta urgente que las entidades competentes del orden nacional y territorial implementen de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones de la Alerta Temprana y su respectivo plan de acción, para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y garantizar la protección de la población civil. Asimismo, ante la posible reactivación de las hostilidades, es necesario mantener un monitoreo permanente de la situación de las personas que permanecen en la zona rural, en atención al riesgo de confinamiento prolongado y al agravamiento de las afectaciones humanitarias.
Además, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la administración municipal para que active de manera inmediata el Plan de Contingencia, con el fin de garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, solicite el apoyo y la corresponsabilidad de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Del mismo modo, solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mantener y fortalecer la atención integral a los niños, niñas y adolescentes afectados.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Fuerza Pública a adoptar todas las medidas necesarias, en estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario, para proteger a la población civil, prevenir nuevas afectaciones y evitar la intensificación de la crisis humanitaria. Las autoridades de seguridad y justicia competentes deben coordinar acciones para la recuperación y el tratamiento digno y adecuado de los cuerpos de personas presuntamente combatientes reportados en vías del territorio y adelantar, tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, procesos de descontaminación del área de restos de munición y otros artefactos, priorizando las zonas de tránsito y permanencia de la población civil.
Los grupos armados con presencia en el territorio deben respetar de manera estricta los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional, en particular en el marco de la reanudación de los acuerdos y de los espacios sociojurídicos de diálogo, los cuales constituyen escenarios orientados a la reducción de la violencia y a la protección de la población civil. Dichos compromisos deben traducirse en conductas inmediatas, reales y verificables en el territorio, y en la observancia irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el principio de distinción, la prohibición de afectar bienes y personas protegidas y el deber de precaución en la conducción de las hostilidades.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando el acompañamiento, monitoreo y seguimiento permanente a esta situación, en cumplimiento de su mandato constitucional, con el fin de proteger y garantizar los derechos de la población civil afectada por el conflicto armado.
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