La Procuraduría General de la Nación ordenó indagación previa por presuntas fallas en contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) suscritos en el 2023 y gestionados por el Ministerio de Transporte en Santa Marta (Magdalena).
De acuerdo con los hallazgos reportados por la Contraloría, a pesar de haberse pagado más del 90 % de su valor, a junio de 2025 no se evidenció la puesta en marcha de los equipos tecnológicos contratados por más de $ 21.800 millones para el Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario.
El ente de control indaga si la interventoría contratada por $ 1.625’366.260, desconoció su deber de advertir e informar los incumplimientos y retrasos presentados por la falta de instalación y entrega de sistemas esenciales para los usuarios y la flota de buses, a pesar de haberse desembolsado recursos cercanos a los $ 1.250 millones.
Con el fin de esclarecer los hechos objeto de esta indagación y determinar responsabilidades, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 Segunda Delegada para la Contratación Estatal decretó la práctica de pruebas.
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