En medio de un contexto marcado por recientes hechos de confinamiento y desplazamiento forzado en zonas rurales del municipio de Aracataca, entidades del orden nacional y local desplegaron una jornada de atención interinstitucional en el corregimiento de Cerro Azul. La actividad estuvo dirigida a atender de manera directa a comunidades afectadas por la dinámica del conflicto armado, logrando beneficiar a cerca de 200 personas pertenecientes a la comunidad indígena Gunmaku y a población campesina asentada en este territorio.
La intervención permitió brindar orientación integral a víctimas del conflicto armado, facilitando su acceso a las rutas de atención dispuestas por el Estado. Durante la jornada, los asistentes recibieron información detallada sobre sus derechos, los mecanismos de protección existentes y los procedimientos para acceder a medidas de asistencia humanitaria. Asimismo, se ofreció acompañamiento institucional frente a la situación que enfrentan, incluyendo la identificación de necesidades prioritarias y la activación de canales de respuesta por parte de las entidades competentes.
En el desarrollo de la jornada también se llevaron a cabo actividades pedagógicas orientadas a la promoción de los derechos humanos y la difusión del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estas acciones estuvieron enfocadas en fortalecer las capacidades de la comunidad para reconocer situaciones de riesgo, exigir el respeto por sus garantías fundamentales y conocer los principios que rigen la protección de la población civil en contextos de conflicto armado.
La actividad fue desarrollada en articulación con la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alcaldía Municipal, la Personería y el Cabildo Gobernador Arhuaco. Esta coordinación institucional permitió concentrar la oferta de servicios en un solo espacio, con el propósito de brindar una atención integral y articulada a las comunidades afectadas por el conflicto armado en esta zona del departamento del Magdalena.
De forma paralela, en el municipio de Ciénaga se llevó a cabo una sesión del Comité de Justicia Transicional, escenario en el que las autoridades locales y representantes institucionales realizaron seguimiento a la situación de orden público y a los hechos victimizantes registrados en el territorio. Durante el encuentro se reportaron cuatro eventos de desplazamiento masivo en lo corrido del año, los cuales se encuentran en proceso de revisión y validación por parte de las entidades competentes.
En este espacio se avanzó en la verificación de los censos de población afectada, ejercicio fundamental para garantizar que las personas impactadas puedan acceder a las medidas de atención y asistencia humanitaria. Asimismo, se viabilizó el concepto de seguridad territorial, requisito necesario para la implementación de acciones institucionales en las zonas afectadas, y se aprobó el Plan de Acción Territorial (PAT), instrumento que orienta la política pública en materia de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
En el marco de la sesión, las autoridades hicieron un llamado a la Unidad para las Víctimas para que adelante de manera oportuna la valoración de los desplazamientos masivos declarados. Este requerimiento se da ante la cercanía del vencimiento de los términos establecidos por la normatividad vigente, lo que hace necesario agilizar los procesos administrativos para garantizar una respuesta efectiva y dentro de los plazos legales a la población afectada.
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