Álvaro Felipe Rivera fue capturado en Santa Marta por agentes del CTI y trasladado bajo estricta custodia a la URI de la Fiscalía en el centro de Barranquilla, para ser presentado ante un juez de control de garantías. La diligencia, confirmada por la Fiscalía y documentada por escalas locales y nacionales, concretó el esfuerzo de más de 20 meses de trabajo en campo: revisión minuciosa de la escena, entrevistas sucesivas y pruebas forenses que, según fuentes y relatos de los familiares, descartan la hipótesis de suicidio y sostienen la tipificación de feminicidio agravado.
Entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de abril de 2024, en el sector de Villa Campestre (Puerto Colombia, Atlántico), Valentina Cepeda fue hallada dentro de su apartamento con una sábana alrededor del cuello, en una habitación de la carrera 26 No. 3A.
La versión inicial del entonces compañero sentimental (que la habría encontrado arrodillada y creyó que estaba “bromeando” antes de intentar reanimación) quedó rápidamente en entredicho por los signos físicos descritos en las primeras crónicas: hematomas en el cuello compatibles con surco de presión, indicador que llevó a la indagación técnico–forense y desmontó, con el paso de las semanas, la hipótesis de suicidio.
La confirmación del fallecimiento se registró en la Clínica Portoazul Auna, pero desde ese instante el caso pasó a manos del CTI de la Fiscalía, que empezó a reconstruir la escena con peritajes y testimonios. Valentina tenía 22 años, era instructora de yoga y estudiaba Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Atlántico; su familia, desde el primer día, rechazó la coartada y pidió investigación con rigor forense.
En los meses siguientes, amigos y allegados denunciaron dilataciones en el proceso y reclamaron que se tramitara como feminicidio y no como una muerte sin clasificar, mientras insistían en el antecedente de una discusión fuerte y presuntas agresiones previas. Aquellas protestas públicas, con plantones a las afueras de la URI de la Fiscalía, pusieron el foco en la necesidad de especializar la investigación, cambiar de fiscal y evitar que el expediente quedara archivado, un reclamo que luego sería reconocido por la dirigencia política local.
El arribo a la URI estuvo acompañado por los padres de Valentina y allegados que, entre lágrimas y consignas, exigieron medida de aseguramiento y que el caso avance sin nuevos tropiezos. Crónicas locales reseñaron el asedio respetuoso de la familia, el cerco del CTI y el tránsito inmediato a audiencias preliminares, donde la materialidad probatoria debe ser exhibida por la Fiscalía.
La narrativa inicial del hoy capturado según la cual la joven se habría quitado la vida y él la encontró arrodillada con una sábana que usaba para ejercicios de yoga se fue erosionando conforme los peritajes sumaron indicios de intervención de un tercero. Además del componente forense, el expediente recibió un impulso institucional tras un cambio de fiscal y la incorporación de equipos especializados que trasladaron la pesquisa hacia un feminicidio.
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