Luego de un proceso jurídico la Diócesis de Santa Marta retomó el control administrativo y operativo del Cementerio San Miguel, esto a raíz de una decisión judicial emitida por un juez penal municipal con funciones de control de garantías, quien ordenó el restablecimiento provisional de los derechos sobre el camposanto.
La medida se produjo en medio de un proceso penal contra el sacerdote Fajid Álvarez Yacub señalado de presuntamente haberse posesionado de manera irregular del cementerio y explotarlo económicamente sin autorización de la Iglesia.
Según explicó la defensa de la Diócesis, el juez ordenó cancelar la personería jurídica y matrícula mercantil de la empresa con la que presuntamente operaba el lugar, además de disponer la entrega inmediata del cementerio y su capilla a la Fundación Juan Pablo II.
La diligencia de retoma se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional y autoridades locales, luego de que no se concretara una entrega voluntaria por parte de los anteriores administradores. Durante los próximos días, el cementerio permanecerá cerrado temporalmente mientras se adelantan labores de reorganización, inventario y verificación documental.
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