Las empresas de energía llevan 11 meses sin recibir pago de subsidios, y por ello el país queda ad portas de entrar a un racionamiento de luz
El sector energético colombiano enfrenta una coyuntura crítica. Las preocupaciones se centran en los riesgos financieros, la acumulación de deudas, la amenaza de incrementos en las tarifas eléctricas y la posibilidad de apagones en los próximos años. Las cifras de deuda y la falta de soluciones estructurales generan inquietud entre los principales actores del sistema eléctrico nacional.
La situación es muy grave. Por ejemplo, las empresas comercializadoras, a la fecha, al cierre de noviembre de 2025, tienen saldos por recuperar cercanos a $6,1 billones, de los cuales $2,4 billones es opción tarifaria; $2,3 billones en subsidios y $1,4 billones es deuda de los usuarios oficiales.
Al respecto, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, dijo a Infobae Colombia que el monto representa “cerca de dos años de ingreso bruto de los comercializadores, en promedio”, aunque en empresas como Afinia, la cifra equivale a cuatro años de ingresos.
El dirigente gremial indicó que el 69% de los saldos corresponde a deuda pública, tanto del orden nacional como territorial, lo que compromete la capacidad de las empresas para operar y cumplir con sus compromisos. “Si nosotros no disponemos de los recursos necesarios, no vamos a poder honrar nuestros compromisos de compra de energía o financiar los subsidios”, enfatizó al recordar que los subsidios son una responsabilidad estatal y que las empresas solo actúan como intermediarias.
Asimismo, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, también consultado por Infobae Colombia, coincidió en la gravedad del panorama financiero: “Ya van diez meses, once meses sin recibir pago de subsidios las empresas distribuidoras. Eso ya suma un hueco de $2,8 billones”. Detalló que una de las empresas distribuidoras intervenida por el Estado acumula deudas por $1,6 billones, de los cuales $1,1 billones corresponden a obligaciones con empresas térmicas, lo que compromete la compra de combustible y la prestación del servicio.
Ambos líderes gremiales advirtieron sobre el riesgo sistémico que implica la acumulación de deudas y la falta de liquidez, con posibles consecuencias como la intervención estatal de empresas, la imposibilidad de prestar el servicio y el perjuicio directo a los usuarios.
LOS SUBSIDIOS
El esquema de subsidios de energía vigente fue objeto de críticas de Manzur, que señaló que “no están bien focalizados. Muchos usuarios en el país con ingresos altos están recibiendo subsidio”. El presidente de Asocodis, aprovechando la edición número 21 del especio “Somos La Energía Que Conecta y Transforma Regiones”, en el que se discutió sobre el presente y futuro de este sector, explicó que la estratificación, utilizada como criterio principal, resulta inadecuada y que existen estudios y disposiciones legales que facultan al Gobierno para corregir este problema.
“Que los subsidios se otorguen no solamente con la estratificación que hoy se da, que la estratificación no es un buen criterio de asignación, sino que se tenga en cuenta el nivel de ingreso, el nivel de pobreza de los usuarios y, por supuesto, también el nivel de consumo de los usuarios como un mecanismo también de eficiencia energética”, propuso el dirigente.
Castañeda insistió en la necesidad de una reforma: “Este gobierno, desde el Plan de Desarrollo, dijo que iba a modificar la forma como se entregan los subsidios, ya no solamente con estratificación, sino cruzándolo también con el ingreso que tienen las personas, porque la estratificación está totalmente politizada”. Sin embargo, lamentó la falta de avances: “Ese Gobierno ya va a terminar y no ha hecho nada en ese sentido desde el punto de vista de focalización”.
DISMINUCIÓN DE $2.400 POR MES
Manzur aportó cifras sobre el impacto de las propuestas regulatorias. Aclaró que, en promedio, lo que le representa al usuario de estrato uno es una disminución de $2.400 por mes, en promedio. O sea, que es un valor que no es representativo desde el punto de vista de los usuarios, pero sí es bastante significativo el no poder garantizar la prestación del servicio, lo que es crítico.
Ambos dirigentes apuntaron que el mecanismo legal para una mejor focalización ya existe y que no se requiere una nueva ley, sino la voluntad de reglamentar y aplicar los criterios adecuados. Manzur sugirió que “eso se puede reglamentar vía un decreto, porque ya la ley está establecida en el Plan Nacional de Desarrollo”.
RIESGOS REGULATORIOS Y PROPUESTAS DE LA CREG
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó propuestas que, según el presidente de Asocodis, agravan la situación financiera de los comercializadores. “Hay una propuesta de la Creg sobre la remuneración, donde impacta de manera significativa la remuneración de los comercializadores. Casi que a todo el mundo le disminuye la remuneración. Y esa remuneración implica, en promedio, la propuesta de la Creg, que se disminuyan los ingresos anuales en un $1 billón”, explicó el dirigente.
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