Según el informe más reciente de la organización británica Global Witness, que ha acumulado registros de asesinatos de defensores de la tierra en todo el mundo desde el 2012, Colombia fue el país con más muertes de defensores en 2023, con 79 asesinatos. Además, esta cifra es la más alta registrada por un Estado en un año desde que la organización tiene información. Brasil ocupa el segundo lugar con 25 fallecidos, seguido por Honduras (18), México (18) y Filipinas (17).
Según los informes, 2.016 defensores de la tierra fueron asesinados en todo el mundo entre 2012 y 2023, y Colombia representó el 21 % de estos asesinatos.
Según el informe, de las 79 voces de defensores de la biodiversidad que perdieron el año pasado en Colombia, 31 eran indígenas y seis de comunidades afrodescendientes, lo que coincide con uno de los datos importantes del documento: los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron el 49 por ciento de las víctimas mortales de la violencia en todo el mundo, lo que demuestra que un enfoque étnico es esencial para proteger estas voces que alzan la voz.
Según explica la coordinadora del Programa Somos Defensores, Astrid Torres, lo que muestra el documento de Global Witness debe generar en el país alerta y preocupación por la falta de efectividad por parte del Estado colombiano para proteger a quienes defienden los derechos del medioambiente. En su concepto “es muy diciente” que Colombia siga liderando la lista, porque eso está relacionado con la profundización del conflicto y el extractivismo que se está presentando en el territorio.
“El informe muestra una falla estructural en el tiempo por parte del Estado colombiano para detener esta situación y proteger a sus defensores y defensoras. Pero también el alto nivel de impunidad que hay sobre estos asesinatos permite que se repita en el tiempo esta grave situación. Yo creo que es muy dramático ser el país donde más se asesinan defensores de la tierra. Es vergonzoso, además, porque Colombia tiene un alto nivel de desarrollo normativo para hablar de la protección de personas defensoras. Pero esta arquitectura normativa no está funcionando y una muestra de ello son las 79 personas asesinadas en 2023”, señala Torres, cuya organización apoya desde Colombia el desarrollo de estos informes.