La Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Magdalena, participó en una mesa interinstitucional convocada para definir los lineamientos del traslado de personas privadas de la libertad desde el Centro de Detención Transitorio del Centro Histórico hacia un nuevo lugar de reclusión.
Actualmente, el centro presenta una capacidad instalada para 90 personas privadas de la libertad, pero alberga a 285, lo que representa un hacinamiento del 316 %, situación que genera serias preocupaciones frente a la garantía de los derechos humanos y las condiciones de dignidad de esta población.
La participación de la Defensoría tuvo como propósito priorizar la defensa y garantía de los derechos humanos de esta población, especialmente frente a las condiciones de hacinamiento y los riesgos existentes que afectan su dignidad y bienestar.
Este espacio de articulación institucional permitió impulsar la suscripción de un nuevo convenio entre el Distrito de Santa Marta y el Inpec, orientado a trasladar a un número significativo de personas privadas de la libertad, que aún no está definido, con el fin de reducir los altos índices de hacinamiento. Se espera que este acuerdo sea formalizado en los próximos días.
La Defensoría del Pueblo continuará acompañando las acciones que conduzcan a soluciones estructurales, con enfoque de derechos humanos, para garantizar condiciones adecuadas y el respeto pleno de los derechos de las personas privadas de la libertad.
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