Los locales intervenidos podrían quedar bajo administración provisional de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, mientras se define su situación jurídica dentro del proceso de extinción de dominio.
La Fiscalía General de la Nación avanza en un amplio proceso de extinción de dominio que afecta a más de 300 establecimientos comerciales de la reconocida marca de ropa interior Lili Pink, dentro de una investigación por presunto contrabando de productos textiles, lavado de activos y posibles irregularidades en el ingreso de mercancía al país.
los locales intervenidos podrían quedar bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso y se define su situación jurídica. Las diligencias se desarrollan en distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Ibagué y otras capitales donde la cadena tiene presencia comercial.
En el caso de Santa Marta, la marca cuenta actualmente con cuatro sedes distribuidas en diferentes sectores de la ciudad, las cuales forman parte de la red comercial de esta reconocida franquicia que durante años se ha consolidado como una de las más fuertes en la venta de ropa interior femenina y accesorios.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa y varios de sus directivos estarían siendo investigados por su presunta participación en delitos relacionados con lavado de activos y contrabando de textiles. Según las autoridades, la estructura comercial habría sido utilizada como una supuesta fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía extranjera, así como para mover recursos de origen ilícito dentro del mercado nacional.
El proceso judicial busca esclarecer el funcionamiento de una presunta red que, al parecer, habría aprovechado la infraestructura empresarial de la marca para comercializar productos sin cumplir con los requisitos legales exigidos por las autoridades aduaneras, afectando de manera directa la competencia formal y el comercio legal en Colombia.
Parte de esta investigación comenzó a tomar fuerza hace cerca de cinco años, durante la administración de Lisandro Junco en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, cuando se activaron alertas sobre posibles movimientos irregulares dentro del sector textil y operaciones sospechosas relacionadas con devoluciones de IVA y consultas injustificadas de información tributaria.
Las autoridades sostienen que esta organización habría ingresado ilegalmente mercancías por más de 20 millones de dólares anuales durante cerca de dos décadas, liderada presuntamente por un influyente empresario del sector textil en la región Caribe. La desarticulación de esta red representaría uno de los golpes más fuertes contra las economías ilegales y la corrupción institucional en Colombia. “Esto viene desde el 2022, mire todo lo que se demoró la Fiscalía en poder dar esta orden de allanamiento, cuatro años, increíble que sea tan lenta la justicia, pero por fin llegó”, manifestó Junco este lunes 27 de abril.
Como parte de las acciones más recientes, el CTI de la Fiscalía ejecutó allanamientos técnicos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales de manera simultánea. Estas diligencias buscan recolectar pruebas, asegurar bienes y avanzar en la judicialización de los presuntos responsables.
De manera paralela, las autoridades confirmaron la captura de varias personas presuntamente vinculadas con esta estructura ilegal. Aunque no se ha precisado oficialmente el número total de detenidos, se conoció que hubo procedimientos simultáneos en diferentes ciudades del país.
Estas capturas hacen parte de la estrategia para desarticular completamente la red y establecer la responsabilidad penal de quienes estarían involucrados en estas operaciones ilegales, mientras continúan las diligencias judiciales.
Debido al proceso de extinción de dominio, una parte importante de los establecimientos podría pasar a ser administrada temporalmente por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad encargada de custodiar y manejar bienes incautados mientras se resuelve su situación legal definitiva.
Lili Pink fue creada hace aproximadamente 20 años por los hermanos David y Max Abadi, hijos del empresario Hyman Abadi, reconocido dentro del sector textil colombiano. En menos de dos décadas, la marca logró consolidarse como una de las principales cadenas de ropa interior femenina del país, superando incluso a otras empresas tradicionales del mercado como Leonisa en el segmento de ventas al detal.
Posteriormente, hacia el año 2015, la marca fue vendida al holding panameño Lili Brands, que pasó a convertirse en su principal propietario. En Colombia, la operación y el sistema de franquicias están a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa responsable del funcionamiento y expansión comercial de la marca.
A corte de 2024, esta sociedad reportaba un patrimonio de 31.867 millones de pesos, ingresos anuales superiores a los 514.881 millones y un nivel de endeudamiento cercano al 89,6 por ciento. Además, la franquicia genera más de 2.300 empleos directos en áreas como ventas, logística, administración de tiendas y diseño.