Después de más de una década de lucha y espera, las familias de los 33 niños que murieron calcinados en la tragedia de Fundación, Magdalena, comenzarán a recibir la indemnización impuesta por el Consejo de Estado a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
La congregación completó el pago de 20.384 millones de pesos, equivalentes al 80 % de la sanción económica, gracias a los aportes de su feligresía.
Sin embargo, el municipio de Fundación y el Tránsito Municipal, condenados al pago del 10 % cada uno, aún no han dado respuesta sobre el cumplimiento de su obligación.
El siniestro ocurrió el 18 de mayo de 2014, cuando un grupo de niños regresaba de un servicio religioso en un autobús en pésimas condiciones, contratado por la iglesia y conducido por Jaime Gutiérrez Ospino.
Un cortocircuito habría provocado el incendio, atrapando a los menores en el interior del vehículo. Pese a los intentos desesperados por rescatarlos, 33 niños y una mujer fallecieron.
Para las familias de las víctimas, recibir esta compensación económica es un alivio en medio de la adversidad, pero no mitiga el dolor de haber perdido a sus seres queridos.
María del Carmen Pacheco, familiar de una de las niñas fallecidas, expresa sentimientos encontrados: “No hay dinero que compense el vacío que dejaron nuestros niños. Hemos sufrido mucho y, aunque este dinero nos ayuda, lo que realmente queríamos era que esto nunca hubiera pasado”.
Diez años después, la tragedia de Fundación sigue siendo una herida abierta en la memoria de Colombia. Aunque la indemnización representa un cierre económico para las familias, la comunidad insiste en que lo más importante es que hechos como este no vuelvan a repetirse.
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