En los últimos cuatro años, Colombia registró un incremento del 1.005% en los casos de reclutamiento infantil, pasando de 37 casos en 2021 a 409 en 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Ante este panorama, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para proteger a los niños y niñas en estas áreas vulnerables.
De acuerdo con declaraciones de la jefe de la cartera de Justicia a Noticias RCN, el problema del reclutamiento infantil se ha intensificado en zonas rurales, especialmente en el Chocó, donde las comunidades enfrentan el impacto directo del conflicto armado.
La falta de alternativas y la ausencia de políticas públicas adecuadas han dejado a las comunidades y familias como las únicas responsables de proteger a los menores, una carga que resulta insostenible en muchos casos.
El impacto del conflicto armado en la salud mental de los niños y adolescentes ha sido señalado como un factor clave en esta crisis.
Según la Defensoría del Pueblo, los problemas de salud mental entre los menores se agravaron durante el confinamiento por la pandemia en 2020, y desde entonces las cifras no han mostrado signos de mejora. Las zonas más afectadas son aquellas donde el conflicto armado es más intenso y donde los programas de apoyo para los jóvenes son prácticamente inexistentes.
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