El Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó una demanda de reparación directa presentada por los herederos de Gustavo Díaz Segovia, que había recibido en adjudicación el terreno conocido como el “Morro Gaira”, ubicado en la Bahía de Santa Marta, a través de resoluciones emitidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).
Según informó el tribunal, estas resoluciones fueron anuladas posteriormente, y el bien fue declarado como de uso público, lo que llevó a los demandantes a reclamar una indemnización que superaba los 121.000 millones de pesos.
De acuerdo con los organismos encargados, los demandantes argumentaron que la decisión judicial que declaró el “Morro Gaira” como un bien de uso público les había causado un perjuicio económico significativo. Sin embargo, el fallo del tribunal no solo negó la indemnización solicitada, sino que también reafirmó el carácter inalienable e imprescriptible del terreno, protegiendo así su condición como bien de uso público y evitando un impacto financiero considerable para el Estado colombiano.
En el proceso judicial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desempeñó un papel clave al intervenir en defensa de la decisión adoptada previamente por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Según detalló la agencia, la nulidad de las resoluciones del Incora que adjudicaron el “Morro Gaira” a Gustavo Díaz Segovia se ajustó plenamente a la normativa vigente. La agencia argumentó que, debido a su naturaleza como bien de uso público, el terreno no podía ser objeto de apropiación privada bajo ninguna circunstancia.
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