Revista 7 a través de su director Rafael Ocando, dialogó con Edward Orozco, personero Distrital de Santa Marta, para conocer detalles de las denuncias que ha venido realizando frente a presuntos malos manejos administrativos, respecto al contrato de Alumbrado Público.
Según lo revelado por Orozco, la empresa ESSMAR en el año 2018, recibió mediante acto administrativo, la autorización para la operación directa del servicio de Alumbrado público, así mismo, por decreto le fue cedido el 100% del recaudo del impuesto, para la financiación del funcionamiento del sistema, por un periodo de 30 años.
La empresa ESSMAR, no estaba calificada, ni contaba con la experiencia para asumir esta labor, tampoco hubo por parte de la alcaldía al momento de asignar las funciones, la exigencia de un plan de modernización y expansión del servicio en el corto plazo, además no se exigió una estructura organizacional, ósea no se dijo en el acuerdo, cuantos empleados de la empresa, se encargarían de la operación del servicio, pero lo más grave de esto, fue que no se asignó ningún área de la alcaldía, para que se encargara de hacer seguimiento o inspección a la prestación del servicio que haría la ESSMAR.
Ante este panorama en 2019, la empresa ESSMAR, suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa CONLUS, por un periodo de 10 años, asignándole el 10.3% del recaudo por concepto de Administración, Operación y Mantenimiento.
Sin embargo, los informes revelados por el personero distrital, a la fecha evidencian el cobro de un 2.5% adicional + IVA, lo que viene generando un presunto detrimento patrimonial de más de 285 millones de pesos, mensuales.
Edward Orozco, estuvo recientemente en el Concejo Distrital de Santa Marta, donde expuso la realidad y la gravedad de las observaciones que tiene esta agencia del ministerio público, con relación a la destinación de los recursos del Alumbrado Público y en especial de este contrato, que no es más que una concesión disfrazada de prestación de servicios, a la que no se le hace ningún tipo de supervisión y tampoco está obligada a retribuir un peso en modernización del sistema.
Finalmente, el personero distrital manifestó a revista7, que desde su despacho ya se instauró una acción popular que busca garantizar la moralidad administrativa, así mismo presentó una acción de nulidad para este contrato que es perjudicial para los intereses de la ciudad, por último, se compulsó copias de los hallazgos a los organismos de control Fiscalía y procuraduría provincial, para que ejecuten las acciones correspondientes.