La Procuraduría General de la Nación presentó pliego de cargos contra la exalcaldesa Virna Johnson Salcedo, exalcaldesa de Santa Marta (2020–2023), y Greysi Ávila Campo, exdirectora de Contratación de la alcaldía, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de internet para 106 instituciones educativas oficiales durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de COVID-19 en el país.
El acuerdo bilateral, que fue financiado por 1.041 millones de pesos a través del Sistema General de Participaciones, incluía la implementación de un sistema de radio enlace terrestre para otros 16 establecimientos educativos públicos ubicados en las orillas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Exalcaldesa Virna Jonhson
El Ministerio Público señaló que no era posible cumplir con el trabajo en los términos contemplados en el contrato, pues debido a las normas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional durante la pandemia los estudiantes no podían asistir a tomar sus clases de manera presencial, lo que “hacía innecesaria y superflua la contratación de ese servicio en las sedes educativas de la ciudad”.
El órgano de control señaló que, aunque el municipio modificó el contrato para que la población escolar pudiera recibir el servicio de conectividad a internet desde sus hogares, las entonces funcionarias al momento de suscribir el bilateral desconocieron “situaciones que no solo eran conocidas sino claramente notorias (…), lo que puso en riesgo el cumplimiento de los fines de la contratación y la debida prestación del servicio de la educación en términos de oportunidad y calidad”.
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La Procuraduría consideró que el comportamiento aparente de la exalcaldesa Virna Johnson fue una falta grave cometida con culpa grave debido a que habrían violado los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal.