La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una contundente solicitud al director regional encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Rodrigo Elías Daza Vega, exigiendo explicaciones inmediatas sobre el estremecedor caso de una niña de 13 años presuntamente entregada por sus propios padres a un hombre de 55 años. Según las primeras informaciones, el individuo habría pagado siete millones de pesos para llevarse a la menor a Santander y cometer abusos sexuales.
ntidad dirigida por Margarita Cabello demanda claridad sobre la fecha en la que se abrió el proceso de restablecimiento de derechos, el estado actual del mismo y las medidas de protección adoptadas en favor de la niña. Además, exige conocer la intervención y el acompañamiento psicológico brindado tanto a la menor como a su familia por parte del Icbf.
La respuesta debe incluir todas las actuaciones de verificación de derechos llevadas a cabo por las entidades competentes, para asegurar un abordaje efectivo y la plena garantía de la protección integral de la menor.
Dada la gravedad de este caso, la Procuraduría también ha requerido a la Secretaría de la Mujer en La Guajira un informe detallado sobre la activación de las rutas de atención intersectorial y las medidas de atención brindadas por el sector salud en favor de la niña, conforme al protocolo de atención a víctimas de abuso sexual.
Este desgarrador episodio ha puesto en evidencia serias falencias en la protección de los derechos de los menores y la necesidad urgente de respuestas claras y acción efectiva por parte de las autoridades competentes.