La reciente aprobación en séptimo debate de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) representa un avance en la gestión de recursos para educación, salud y servicios básicos en Colombia. Sin embargo, expertos advierten sobre el impacto fiscal que podría tener esta medida en las finanzas nacionales.
El Congreso colombiano aprobó en el séptimo debate a la reforma del Sistema General de Participaciones, acercando al país a una redistribución histórica de recursos hacia los entes territoriales. La iniciativa busca fortalecer la financiación de sectores críticos como la educación, la salud y el acceso al agua potable.
Sin embargo, esta transformación no está exenta de críticas. Diversos analistas han expresado preocupación por el incremento en las transferencias, que pasaría del 30% al 39,5%, lo cual podría representar una carga fiscal considerable para las finanzas públicas en el mediano plazo. Además, algunos legisladores destacan la necesidad de acompañar esta reforma con una ley de competencias que garantice la sostenibilidad del nuevo modelo.
A un debate de convertirse en ley, el proyecto se enfrenta ahora a un desafío crucial, equilibrar la demanda de recursos con la estabilidad económica nacional.
¿Será esta reforma la clave para cerrar brechas sociales o una apuesta arriesgada para las finanzas del país?
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